Mi Visión de País (Puerto Rico)

Es importante contextualizar el hecho de que, al cierre del pasado siglo 20, Puerto Rico ostentaba una economía que había superado los hitos más importantes que le permitieron colocarse como una economía de clase mundial en un relativo corto periodo de tiempo, a partir de la década de 1950. Entre otros, el ingreso per cápita, importantes índices de estándar de vida tales como: altos niveles de tasas de alfabetización, años de escolaridad, esperanza de vida, etc. en escalafones no muy distantes de los países desarrollados, entre otros importantes indicadores del desarrollo humano y socio-económico. Durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (50’s y 60’s), Puerto Rico fue considerado como una historia de éxito, con impresionantes tasas de crecimiento económico, lo que incrementó significativamente en dicho periodo el nivel de vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, su producto interno bruto por trabajador aumentó del 30 por ciento respecto al promedio estadounidense en el año 1950 al 75 por ciento en el 1980, un logro extraordinario.

Sin embargo, a pesar de que los residentes de la isla son ciudadanos americanos desde 1917, comparten instituciones estadounidenses claves tales como: sistema judicial, monetario y aduanero, está catalogado como una de las economías más abiertas respecto al mundo, con libre movilidad de mercancías, servicios, capital y mano de obra, siendo su principal mercado Estados Unidos, casi la mitad todavía viven por debajo del nivel de pobreza, según los estándares federales; con una brecha en el ingreso en comparación al resto de los cincuenta estados, cada vez más creciente. De otra parte, el crecimiento del PIB se ha desacelerado considerablemente y no se han producido progresos en la reducción de la brecha en el ingreso per cápita respecto a los conciudadanos estadounidenses residentes en el continente. Si bien el ingreso per cápita se duplicó de poco más del 20 por ciento del promedio de Estados Unidos en 1950 a aproximadamente el 40 por ciento a principios de la década de 1970, actualmente, el nivel de vida promedio de los residentes de Puerto Rico, en la forma del ingreso per cápita, es solo alrededor de la mitad del estado más pobre de la nación.

Bajo este marco y paradigma político, social, cultural, y económico que vive nuestro pueblo, mis ideas generales de propuestas de país van más en la dirección de promover el desarrollo económico de Puerto Rico por un lado, sin descuidar los avances obtenidos en materia socio-cultural, y fomento de los valores judeocristianos universales. En otras palabras, mis propuestas políticas van desde la mirada de una derecha política conservadora en lo social y cultural, pero pro libre mercado en lo económico. En términos de lo social-cultural habré de regirme por la plataforma de Proyecto Dignidad en el 2020, y cualquier mejora en esa línea que se vaya a proponer para el 2024. Junto con nuestros asesores y en conversación constante con el comité de conferencia legislativa de PD, procuraremos no duplicar los esfuerzos en legislación en esta materia, sino que se procurará trabajar de manera concertada. Mi intención no es ser redundante en la legislación, sino reforzar aquellos flancos de política pública que dejen la puerta abierta a que se pueda colar por la cocina la ideología de género, medidas a favor del aborto, y otras no afines a nuestros principios y valores como pueblo, tales como los derechos naturales, las libertades individuales y el derecho a la intimidad.

De otra parte, deseo trabajar mirando las políticas públicas, legislación y reglamentación que está afectando el libre mercado y comenzar un proceso de eliminar barreras al fluir de ese libre mercado. En ese sentido, esperamos trabajar piezas legislativas que respondan a nuestro programa de gobierno y estén dentro del marco de nuestros valores y declaración de principios de PD. Nuestra apuesta es a que la locomotora del desarrollo económico tan necesario de nuestro país descansa en ser una de las economías más libres, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Para ello, el libre mercado juega un papel fundamental. En ese sentido, consideraremos aquellas buenas propuestas de política pública que vaya en esta dirección respaldadas por la evidencia científica producida por medio de investigaciones serias como las del Instituto de Libertad Económica y otros “think tanks”. En ese ejercicio, procuraré mirar aquellas recomendaciones de política pública propuestas por estudios anteriores que los políticos que nos precedieron no tuvieron la voluntad de considerar. Mantendremos el oído en tierra para escuchar a la gente, y particularmente, el sector empresarial para ver cómo como gobierno sacamos las manos en cuanto a la intervención indebida en el libre mercado y cómo podemos ser un facilitador. En ese proceso, procuraremos mirar la legislación que establece el estado de derecho para dirimir disputas por incumplimiento de contratos para garantizar a los que hacen negocios en Puerto Rico que tengan las garantías legales y jurídicas, incluida las debidas protecciones a favor de los consumidores. En ese sentido habría que repensar el Departamento de DACO, y posiblemente sacar esta función de la rama ejecutiva, donde está actualmente, y pasarla a la rama judicial, quizás como una corte especializada, como el equivalente de la corte de quiebras federal.

De la mano al esfuerzo por fomentar el libre mercado está el aspecto de una reducción sustancial de los impuestos, y esta reducción inmediata de los impuestos implicará, entre otras cosas, la reducción proporcional gradual de agencias indebidas e inconsecuentes, y de otra parte, una reducción sustancial, sino total del dinero público dedicado a estimular la economía desde la burocracia estatal. Sobre este último caso, propongo la idea, la cual puede ser implementada durante los primeros 100 días en que PD llegue al poder, de reducir el IVU del 10 al 3% (por el momento se le mantendría el 1.5% a los municipios, sujeto a una revisión posterior en otra fase). Esta porción que se dejará de devengar por concepto del IVU, el cual está consignado a COFINA, será sufragada por la partida gubernamental que recibe por medio de otros impuestos dedicada a la inversión en la economía. A su vez, dicha inversión en la economía que estaba siendo sufragada ineficientemente por el estado, ahora estará en manos del sector privado, por medio del estímulo inmediato que recibiría con la reducción del IVU. Los proyectos de país los trabajaría la empresa privada, pero sería el estado quien previamente haría los estudios correspondientes de viabilidad del proyecto, luego pide a los licitadores que sometan propuestas, donde el sector privado asume la inversión completa y la fuente de repago será por medio de lo que el activo genere, tendrán a cargo el mantenimiento del activo hasta el momento de devolver la titularidad al estado, y es el estado quien garantizaría la porción no recuperada de la inversión del sector público (este modelo se implementó exitosamente en Chile).

En el aspecto educativo, propongo un desmantelamiento y descentralización total de la burocracia actual del Sistema Educativo público, y abrir a la libre competencia las escuelas. En el modelo propuesto, se contempla el que el gobierno tenga la posibilidad de mantener todas las escuelas públicas posible, pero estas tendrán que competir en igualdad de condiciones con las escuelas privadas. El ministerio público se asegurará establecer ciertos requisitos mínimos y los procesos de acreditación de las escuelas para que logren estándares de calidad competitivos quedaría en manos de entidades no gubernamentales dedicadas a ello tales como la Middle States, entre otros. Se establecerá un costo por estudiante fijo, que se le subsidiará a cada estudiante en la forma de un vale educativo (“voucher”). Si la escuela tiene un costo menor al vale, se le paga el costo de la escuela, pero si el costo de la escuela es mayor al vale, los padres tendrán que solventar la diferencia. Los padres podrán evaluar la escuela que mejor se ajuste a las necesidades de sus hijos y estas escuelas, aparte de cumplir con las materias básicas, tendrán libertad de dar otros tipos de cursos de valores que sean voluntarios para los estudiantes.

En materia de Salud, propongo una reconceptualización total del sistema de salud de PR, sobre todo, en cuanto al entramado entre paciente, médico, facilidades hospitalarias, los seguros de salud y el rol del gobierno por medio de ASES. En lo personal me inclino por la implementación de un sistema de salud universal, y abrir a competencia las aseguradoras de salud. Auscultar implementar el modelo de los “medicare advantages”. Este modelo propuesto lo contemplo de la siguiente manera: según el ingreso per cápita del hogar se le va a otorgar cierta cobertura básica de salud auspiciada por el estado para todos. Al que desea una mayor cobertura a la básica entonces aporta la diferencia. Los costos médicos y de servicios de salud deben abrirse a competencia y libre mercado. Reconozco que es un asunto que está fuera del área de mi “expertise”, pero espero poder aportar mucho desde mis conocimientos, habilidades y capacidades.

En materia de Seguridad, propongo que toda reducción en agencias que se vayan haciendo “attrition” o cerrando pase a seguridad para mejorar los salarios, las condiciones de trabajo y el sistema de retiro del personal de seguridad. Profesionalizar la policía y todos los que trabajan en puestos de seguridad. En el caso de la policía, capacitar más en materia del conocimiento de enforzar la ley de una manera que se salvaguarde la cadena de custodia de evidencia para evitar tecnicismos legales que hagan que los casos de caigan, pero a la misma vez salvaguardando los derechos de los individuos y la presunción de inocencia. Propongo que haya un buen traspaso de inteligencia del ámbito federal al estatal, siendo el ámbito federal uno que posee una amplia tasa de convicción de delitos. Propongo que los jueces del supremo y apelativo sean electos por el pueblo, y también el Secretario de Justicia sea sometido a referéndum por el pueblo, luego de que un comité conjunto entre la Fortaleza y los presidentes de las Cámaras legislativas, sometan al pueblo una terna de no menos de 10 candidatos altamente cualificados. Y que esta elección sea por un periodo de 10 años, con la posibilidad de un referéndum revocatorio a los 5 años si hubiere la queja del pueblo en cuanto al desempeño de los mismos.